Nos enfrentamos al reto de la mayor consolidación fiscal de nuestra historia. Bruselas exigió al Gobierno un recorte adicional en el déficit de 5.000 millones, que se suman a los 33.000 millones anunciados unas semanas antes. Por las medidas anunciadas por el Gobierno, todo parece indicar que se hará a través de una disminución del gasto y el aumento del ingreso (una versión reducida de este artículo fue publicada en El País).
Se ha hablado largo y tendido de los recortes del gasto, pero apenas de las medidas encaminadas al aumento de los ingresos. Las dos iniciativas más relevantes llevadas a cabo en el capítulo de ingresos son la subida del IRPF y la restitución de la deducción por vivienda. La primera aumenta los ingresos mientras que la segunda los reduce.
En concreto, en el Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2011, en el paquete de medidas urgentes de orden económico y social, el gobierno de Mariano Rajoy anunció un recargo de solidaridad estatal sobre el impuesto sobre la renta. En palabras de la vicepresidenta el aumento impositivo afectará más a los “que más tienen” y será “temporal” con una duración de dos años (2012 y 2013). En concreto se proponían las siguientes medidas: i) subida de los tipos marginales de la renta que oscilan entre el 0,75 por 100 para el primer tramo de la tarifa (el correspondiente a las rentas más bajas) hasta el 7 por 100 para las rentas superiores a 300.000 euros (tramo que se crea nuevo para este gravamen); ii) un gravamen complementario para las rentas del ahorro en porcentajes que oscilan entre el 2 por 100 para los rendimientos de hasta 6.000 euros y el 6 por 100 para rendimientos superiores a 24.000 euros.
Luego los nuevos tramos del IRPF para los ejercicios 2012 y 2013 están en la siguiente tabla:
Casi al mismo tiempo, la vicepresidenta también anunció el retorno de las deducciones por compra de vivienda que habían sido abolidas para bases imponibles mayores de 24.000 euros por el gobierno socialista saliente. Así, todos aquellos que hayan comprado una vivienda después del 1 de Enero del 2011 (se introdujo con una retroactividad de un año) y que tengan más de 24.000 euros en base imponible tendrá que hacer frente a dos cambios impositivos. El recargo de solidaridad y el retorno de la deducción. El primero aumenta los impuestos a pagar, el segundo los disminuye. La preguntas que aquí nos hacemos son dos: ¿pagaran más los “que más tienen”? ¿Mejoran estas medidas la posición fiscal de las administraciones publicas?
La respuesta a la primera pregunta es sorprendente. Por un lado, si miramos únicamente a la primera medida (ver grafico 1), es decir a la subida de los marginales del IRPF podemos ver fácilmente que quien más gana más paga:
No obstante, la respuesta cambia si este mismo contribuyente (soltero y sin hijos) ha comprado una vivienda con posterioridad al 1 de Enero del 2011. En este caso los resultados los podemos ver en el siguiente grafico:
Para este conjunto de contribuyentes (que combinan ambas medidas) es interesante ver que solo pagaran mas impuestos los que ganan menos de 22.000 euros brutos y los que ganan más de 65.000 euros. La razón es clara: las rentas más bajas sufrirán el recargo sin beneficiarse del retorno de la deducción (pues ya la tenían) y las rentas más altas por el tope de la deducción. Por el contrario, aquellos con rentas brutas del trabajo entre 22.000 y 65.000 euros pagarán menos impuestos. Unos 1.000 euros menos para aquellos con rentas brutas de 36.000 euros y unos 300 para aquellos que ganen 60.000 euros.
Así, es verdad que pagarán más los que más tienen, pero solo los que tienen mucho más y que en realidad son los menos. La combinación de ambas medidas puede ser hasta cierto punto regresiva(como hemos visto aquí, solo el 3% de los contribuyentes al IRPF declara una renta superior a 66.000 euros). En concreto como acabamos de ver el tipo medio a pagar para aquellos que ganen 44.000 euros brutos y que se compre una vivienda será casi un 2 puntos porcentuales menor.
Pero aún hay más, nos queda responder a la segunda pregunta. Desde un punto de vista de sostenibilidad de las cuentas de nuestras administraciones publicas, y olvidándonos por un segundo de los temas redistributivos arriba mencionados, la reforma es un sinsentido desde el punto de vista económico. Primero, aumenta el tipo impositivo marginal para casi todos los niveles de renta mientras que baja potencialmente el medio para la mayoría de ellos a través del renacer de la deducción más distorsionante de nuestro sistema fiscal. No solo es una medida muy cara (en el año 2008 la deducción por vivienda supuso cerca de 6.140 millones de euros y en los últimos 10 años la medida ha costado cerca de 50.000 millones de euros) y regresiva (solo los mas ricos se aprovechan de ella al 100%) sino que además es un sinsentido económico al trasladarse casi por completo al precio y fomentar burbujas inmobiliarias. Es decir, según los cálculos del gobierno la subida del IRPF supondrá unos ingresos adicionales de 4.111 millones, un 33% menos que lo que se pago por la deducción de vivienda en 2008.
Recordemos que las distorsiones de un sistema impositivo se mide por sus tipos marginales y su capacidad de recaudación por su tipo medio. La reforma aumenta las distorsiones con la subida del tipo marginal, y baja su capacidad recaudadora al bajar el medio.Para mas “inri”, la subida impositiva es temporal mientras que el retorno de las deducciones es permanente. Es decir, el gobierno se enfrenta al proceso mas ambicioso de consolidación fiscal de nuestra historia, con importantes reducciones del gasto, al mismo tiempo que implementa una estrategia impositiva que aumentará el déficit estructural en el medio plazo. Somos conscientes, tal como se ha puesto de relieve en numerosas ocasiones en este blog, que para conseguir una consolidación fiscal exitosa será necesario subir impuestos (España presenta una de las presiones fiscales mas bajas de Europa), pero la estrategia impositiva debe ser otra. Muy probablemente pasando por los impuestos indirectos que por un lado son los menos distorsionantes y cuyo nivel en nuestro país inferior a la media de la UE.