Recientemente tuve conocimiento a través de José Muelas conocido abogado y decano del Colegio de Abogados de Cartagena, de la fechoría que se estaba perpetrando a nivel Constitucional aprovechando la confusión reinante en este país donde a día de hoy en la portada de los telediarios contamos todos los días con multitud de manifestaciones.
El riesgo del ambiente protestantil en el que últimamente nos desenvolvemos no es otro que la indiferencia y pasotismo social que es justo lo que está ocurriendo en el tema que nos ocupa que no es otro que la subida de Tasas propuesta y aprobada durante la semana pasada por Alberto Ruiz Gallardón.
El día en que me enteré de este asunto tenía una reunión por una asunto judicial que no me deja descansar desde unas semanas y que he confiado en las buenas manos de Jose Muelas persona luchadora e implicada socialmente donde las haya y que venía de una manifestación donde con cierta amargura me confesaba que había contado con la asistencia de bastantes abogados pero desde luego la ciudadanía civil había brillado por su ausencia.
Lo curioso y paradigmático del asunto es que es precisamente a esta última a la que le afecta en mayor medida, pues los abogados y jueces sufren daños colaterales, pero solo colaterales ya que el verdadero atentado se perpetra contra los derechos fundamentales y reconocidos por la Constitución de tutela judicial efectiva y acceso a la justicia en igualdad de condiciones para todos.
Pero bueno vamos al asunto que nos ocupa y que quiero ilustra con lo que nos dice la Constitución en su artículo 24.1:
“Todas las persoEnas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”
Si una persona no tiene dinero para costearse una defensa adecuada de sus intereses y, además, tiene que hacer frente a los sobrecostes que la Ley 10/2012 que regula determinadas tasas en el Ámbito de la Administración de Justicia, me pregunto qué tutela efectiva tiene. No hablo de los casos en que uno puede solicitar el abogado de oficio, sino en cualquier otro caso. Porque no estar en la situación de pobreza que requiere el acceso a la Justicia gratuita no significa que uno se pueda costear un abogado, procurador y las nuevas tasas que nos acaban de endosar.
La Justicia es justa si es rápida y si toda la población puede acceder a ella en razonables condiciones de igualdad. Prepare usted entre 150 y 10.000 euros para que el Juez se ponga su vestimenta de impartir Justicia, de pago. Salvo que pueda ir por lo penal, única jurisdicción que queda libre de este tasazo judicial.
No me parece mal que para determinados expedientes, de temas concretos y para demandantes de importante poder adquisitivo, se cobre unas tasas superiores para amortizar el coste que conlleva el proceso. El problema, como en el aumento del IVA, es que lo acaban pagando con mucha más intensidad los humildes que los ricos.
Además ¿irá alguien a juicio por una deuda de 300 euros si sólo por poner el monitorio ha de pagar unas tasas judiciales de 100 euros, a los que sumar el juicio verbal si el deudor no paga, que cuesta otros 150 euros?
Si tienes curiosidad por saber qué cuesta a partir del jueves ir a juicio, te resumo:
Jurisdicción Civil, por ejemplo reclamar una deuda o temas relacionados con un desahuciode un inquilino:
- Verbal o cambiario: 150 €
- Juicio Ordinario: 300 €
- Monitorio, monitorio europeo y demanda incidental en el proceso concursal: 100 €
- Ejecución extrajudicial y oposición a la ejecución de títulos judiciales: 200 €
- Concurso necesario: 200 €
- Apelación: 800 €
- Casación y extraordinario por infracción procesal: 1.200 €
En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, que tiene que ver con pleitos relacionados con la Administración y el ciudadano:
- Abreviado: 200 €
- Ordinario: 350 €
- Apelación: 800 €
- Casación: 1.200 €
En el orden social, que incluye materias relacionados con los contratos de trabajo, temas sindicales o conflictos colectivos, entre otros:
- Suplicación: 500 €
- Casación: 750 €
Además se aplica a todos los casos mencionados un gravamen variable de:
- 0,5% sobre las cuantías que no superen el 1.000.000 de euros.
- 0,25% para importes superiores, sin poder superar el límite de 10.000 euros de costas.
Si quieres Justicia, prepárate a pasar por caja, que la factura no es barata. Yo me pregunto, ya que el ciudadano pagará más a la Administración de Justicia, ¿se supone que será más rápida y efectiva? La respuesta, no por obvia es menos triste.